NOTA DE PRENSA
La ONU destaca avances de la JEP y señala retos para fortalecer la Justicia Transicional en Colombia
- El Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas reconoce los avances de la JEP en la implementación de la Justicia Transicional Restaurativa y destaca las acciones desplegadas para garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada.
- Advierte que persisten desafíos como la violencia contra la población civil en los Territorios, que limita la participación de las víctimas y afecta sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
- El informe insta a la JEP a avanzar con determinación en la instrucción de los nuevos macrocasos, en especial el Caso 11 sobre violencia de género y crímenes motivados por prejuicios.
Bogotá, 24 de febrero de 2025. El más reciente Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia 2024 reconoce los avances significativos en la implementación de la Justicia Transicional Restaurativa por parte de la JEP. El documento también ofrece recomendaciones y señala desafíos clave para fortalecer la centralidad de las víctimas en este proceso judicial.
Entre los avances destacados, el informe —presentado este lunes con la participación del presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli— resalta la adopción de la Medida Cautelar Nacional para proteger los derechos a la memoria y a la verdad, así como para fortalecer el proceso de búsqueda, identificación y entrega digna de las víctimas de desaparición forzada en Colombia.
De acuerdo con el informe, este recurso jurídico es esencial para abordar problemas estructurales que han obstaculizado la respuesta del Estado frente a la desaparición forzada. “Busca abordar problemas estructurales como la falta de consolidación de sistemas de información, dificultades en el acceso a datos y el subregistro de casos", se lee en el documento.
El informe también subraya el progreso en los macrocasos. Destacan la emisión del auto de imputación en el Caso 07, en el cual la JEP imputó a seis exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP por crímenes de guerra relacionados con el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto. Además, resalta el papel de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, que en septiembre de 2024 inició su primer juicio adversarial contra un compareciente que no aportó verdad ni reconoció responsabilidad.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos aborda, además, la colaboración activa con autoridades territoriales para establecer las condiciones necesarias que permitan la futura imposición de sanciones propias. Al respecto, el magistrado Alejandro Ramelli señaló: "La JEP ha explorado diversas alternativas para garantizar la implementación de las sanciones propias. Se han establecido diálogos con entidades territoriales, el sector público y privado, además de avanzar en gestiones con la cooperación internacional".
Asimismo, el informe reconoce los esfuerzos de la JEP para garantizar el cumplimiento del régimen de condicionalidad de quienes no fueron identificados como máximos responsables y subraya la importancia de que las decisiones sobre la terminación de procesos penales respeten plenamente los derechos de las víctimas.
Por último, resalta los avances en la formulación del Sistema Restaurativo y enfatiza la necesidad de que este acompañe activamente a víctimas y comparecientes en la construcción de las propuestas. También advierte que los proyectos restaurativos ordenados en las sentencias deben corresponder a los daños causados por los crímenes, garantizando así una reparación efectiva.
Los desafíos
El informe también aborda los desafíos que enfrenta la Jurisdicción en la implementación de la Justicia Transicional Restaurativa. Al respecto, el presidente Alejandro Ramelli señaló en su intervención: “El informe es igualmente una radiografía del trabajo que venimos haciendo, pero que contiene también llamados de atención en algunos temas que serán objeto de estudio en la JEP. Nosotros siempre hemos sido muy autocríticos de nuestras funciones, y estos informes y miradas externas nos sirven para orientar la labor en todos los desafíos que tenemos".
Uno de los principales retos señalados en el documento es la persistencia de la violencia contra la población civil en los Territorios, que incluye el reclutamiento forzado, la desaparición de personas y la violencia por razón de género. Esta situación, de acuerdo con esta oficina de la ONU, limita la participación en el Sistema Integral para la Paz, afectando el principio de centralidad de las víctimas y la garantía de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición.
El informe también advierte que la desaparición forzada impacta con mayor intensidad a la niñez, las mujeres, los Pueblos Indígenas, las comunidades afrodescendientes y la población campesina. Además, señala que el reclutamiento forzado está frecuentemente vinculado con la desaparición, lo que plantea desafíos adicionales para una búsqueda diferenciada y efectiva.
En este contexto, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos insta a la Jurisdicción a “avanzar con determinación en la instrucción de los nuevos macrocasos, en especial el Caso 11, que aborda la violencia de género, violencia sexual, violencia reproductiva y crímenes motivados por prejuicios basados en la orientación sexual".
Por medio de este informe, la ONU reitera su compromiso con el proceso de paz en Colombia y hace un llamado a todas las partes involucradas a fortalecer la implementación de las medidas necesarias para garantizar los derechos de las víctimas y consolidar una paz sostenible e inclusiva.
