Los avances del Caso 03 de la JEP y los desafíos en 2025

Bogotá, 8 de enero de 2025.  El magistrado Óscar Parra Vera, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, presentó un balance de los avances logrados en el Caso 03 durante 2024, y qué se espera en 2025 en lo relacionado con la investigación, la imposición de sanciones propias, y los procesos sobre quienes no aceptan responsabilidad por la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad en este caso que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.

 

En el programa de radio 'Por fin lo Sabemos', que se emite a través de las 73 frecuencias de Radio Nacional de Colombia, la conversación inició con una reflexión sobre la cifra de 6.402 personas que fueron asesinadas y presentadas como baja en combate entre 2002 y 2008.

 

“Esta cifra de la JEP es un punto de partida que puede quedarse corta frente a lo que hemos identificado en el macrocaso (…). Detrás de esta cifra hay personas, hay víctimas, hay historias de cómo este fenómeno se extendió por todo el territorio nacional", aseguró el magistrado Parra.

 

Agregó que “hemos reivindicado esta cifra como un componente de la construcción de memoria que ha ido impulsando la Jurisdicción Especial para la Paz (…), como una forma también de honrar la lucha de cientos de víctimas que durante muchos años denunciaron los hechos".

 

 

Entre los avances más significativos de este macrocaso, abierto en 2018, el magistrado Parra les explicó a los oyentes que uno de los hechos más satisfactorios, en términos de resultados investigativos, fue la localización y entrega digna del cuerpo de una víctima de ejecución extrajudicial en 1982. “Desde 1982 podemos ver este tipo de hechos atroces", contó el magistrado en el programa.

 

El magistrado Parra dijo que dentro del macrocaso se priorizaron algunos territorios donde la violencia arreció. De esta manera encontraron que los asesinatos presentados falsamente como bajas en combate han sucedido en el país de forma sistemática y masiva, pues encontraron similitudes entre una zona y otra.

 

A propósito de este asunto, el magistrado correlator del Caso 03 manifestó que lo que han documentado a nivel territorial es que existieron políticas de facto. “Si bien había una serie de directrices, normas para tratar de prevenir y enfrentar estos hechos, en el teatro de operaciones, en la práctica, se privilegiaba una serie de resultados consistentes en la presentación de bajas, como el indicador principal de éxito en el marco de las operaciones militares", aseguró.

 

Entre los avances de este caso, se destaca que más del 80 por ciento de los comparecientes han aceptado su responsabilidad por estos crímenes.

 

Por otro lado, en 2024, se realizó el primer juicio adversarial transicional de la JEP, mucho más parecido al de la justicia ordinaria, contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía, quien no aceptó la imputación que le hizo la Sala de Reconocimiento por participación en estos crímenes, en la Costa Caribe. Asimismo, hace pocos días se conoció la decisión de la Sala de Reconocimiento de remitir el proceso del general (r) Mario Montoya a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) por no reconocer responsabilidad en al menos 118 asesinatos y desapariciones presentadas como falsas bajas en combate en el Oriente antioqueño cuando era comandante de la IV Brigada del Ejército Nacional.

 

 

En esta emisión de ¡Por fin lo sabemos!, la audiencia escuchó varios testimonios de víctimas, entre ellos, el de Jacqueline Castillo Peña, hermana de Jaime Castillo Peña, quien fue presentado falsamente como una baja en combate: “(…) siento dolor de patria por el Ejército colombiano porque finalmente saber que ellos, quienes eran los que estaban para cuidar las vidas de los ciudadanos, hayan sido quienes hayan segado la vida a miles de colombianos porque no fue solamente Soacha y Bogotá, estamos hablando de más de 10 mil casos de ejecuciones extrajudiciales…".

 

De igual forma, los oyentes escucharon el testimonio del general (r) Henry William Torres Escalante, comandante de la XVI Brigada de Casanare entre diciembre de 2005 y junio de 2007, quien aceptó responsabilidad por haber participado en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad: “su dolor (…) me llevó a enfrentar la verdad que muchas veces había negado, y reconocer el daño causado a ustedes: madres, esposas, hijos, hermanos de las personas que fueron asesinadas y que fueron reportadas como muertos en combate y presentados como guerrilleros, delincuentes o terroristas".

 

 

El magistrado Parra también resaltó en 'Por fin lo sabemos' uno de los desafíos más importantes de este caso, que se traduce en un beneficio para los comparecientes que han enfrentado el proceso “en una libertad condicionada transitoria mientras surgen las sanciones". Este asunto fue complejo para la construcción de confianza con las víctimas, tal como lo reveló a la audiencia, pero argumentó que estos beneficios “han tenido un rol para que estas personas empiecen un camino restaurativo en su diálogo con las víctimas, y se comprometan mucho con el reconocimiento de la verdad".

 

 

En el cierre del programa, el magistrado Parra habló sobre uno de los principales retos de este macrocaso enfatizando en la fase nacional de investigación, que indagará qué pasó con los rangos superiores militares y cuál era su conocimiento sobre los crímenes.

 

“Hasta el momento los pasos que ha dado la Sala se han concentrado en llamar a algunos altos mandos (…). La idea es analizar, en esa esfera de decisión dentro del alto mando militar, cuánto sabían y, en particular, cómo se gestionaban las denuncias, porque en algún momento las denuncias crecieron, se desbordaron", concluyó.