Nota de prensa
Madre de una joven víctima de ‘falso positivos’ en San José de Apartadó fue reconocida como víctima en el Caso 04
- Tras analizar y contrastar las evidencias presentadas por María Orfidia Bermúdez Tobón en su solicitud de acreditación, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad resolvió reconocerla como víctima en el Caso 04, con ocasión al homicidio de su hija Uberlina del Socorro Delgado Bermúdez.
- Uberlina del Socorro Delgado Bermúdez fue asesinada el 26 de diciembre de 2005 en la vereda La Cristalina de San José de Apartadó, junto a otros cinco civiles. Los presuntos responsables del hecho son antiguos integrantes del Batallón de Infantería No. 46 Voltígeros, quienes presentaron a las víctimas como guerrilleros muertos en combate.
Bogotá, 10 de marzo de 2025. María Orfidia Bermúdez Tobón fue reconocida como víctima en el Caso 04 de la Sala de Reconocimiento de la JEP, el cual investiga la situación territorial de Urabá. La evidencia aportada y corroborada por la magistratura demuestra que su hija, Uberlina del Socorro Delgado Bermúdez, de 25 años, junto con otros cinco civiles, fue asesinada por miembros del Ejército Nacional el 26 de diciembre de 2005 en la vereda La Cristalina, del corregimiento de San José de Apartadó, Antioquia. Los cuerpos de las víctimas fueron presentados de manera ilegítima como guerrilleros muertos en combate.
La JEP pudo corroborar que los homicidios de Urbelina del Socorro Delgado Bermúdez, Jorge Eliécer Jiménez Tabares, Jhoneifer Andrés Giraldo Hernández, Elisenia Vargas González, Jhon Darío Graciano Osorio y Blanca Nubia Jiménez Quintero ocurrieron en el contexto de una misión fraudulenta, conocida como ‘Delta’, que formaba parte de una operación militar mayor, denominada ‘Fénix’. Esta operación, llevada a cabo por miembros del Batallón de Infantería No. 46 Voltígeros, fue utilizada como encubrimiento para cometer los crímenes.
Según la información aportada por María Orfidia, las víctimas eran habitantes de una zona rural, jóvenes de entre 17 y 25 años, sin vínculo alguno con grupos armados ilegales. La noche en que fueron asesinados, se encontraban celebrando las festividades navideñas. Para la JEP, es evidente que las víctimas estaban en un estado de indefensión, por lo que este ataque constituye un crimen de guerra, específicamente homicidio de personas protegidas según el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Además, sobre las víctimas y sus familias pesó la estigmatización de ser consideradas miembros de un grupo subversivo.
Los homicidios de estas seis personas se inscriben dentro de una estrategia de control social y territorial, que se sustentaba en la estigmatización de los habitantes de la vereda La Cristalina. En 2005, año en el que ocurrieron estos hechos, también se perpetró la muerte violenta de un miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, junto a su esposa e hijo, por parte del Ejército Nacional. En esa misma época, campesinos, activistas y civiles eran atacados por militares bajo la acusación de ser colaboradores o auxiliadores de la guerrilla.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas aceptó el sometimiento y adelanta el trámite para resolver la situación jurídica de Juan Carlos Granada Longa, antiguo miembro del Batallón de Infantería No. 46 Voltígeros, quien fue investigado en la justicia penal ordinaria por la muerte de los seis jóvenes, jurisdicción en la que fue indiciado por el delito de homicidio en persona protegida.
Una vez acreditada María Orfidia Bermúdez Tobón como víctima, tiene derecho a ser notificada sobre el avance del proceso judicial, conocer los avances de la investigación, a ser representada y asesorada por un profesional del derecho, a acceder al expediente y participar en las distintas diligencias que se realicen en la JEP, a presentar observaciones o aportar pruebas materiales relacionadas con la investigación.
El Caso 04 de la JEP investiga hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, ocurridos entre el 1 de enero de 1986 y el 1 de diciembre de 2016, presuntamente cometidos por las Farc-EP, la Fuerza Pública y terceros civiles, en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba y San Pedro de Urabá, en Antioquia; en El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en Chocó; así como en Valencia y Tierralta, en Córdoba.
