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COMUNICADO 17

Magistrados del Subcaso Antioquia, en el Caso 08 de la JEP, sustentan que el general (r) Mauricio Santoyo Velasco no ha aportado verdad plena

  • Los magistrados Óscar Parra y Gustavo Salazar, correlatores del Subcaso Antioquia, en el Caso 08, remitieron a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas el material probatorio que permite evaluar la posible apertura de un incidente de incumplimiento al general (r) Santoyo.
  • En concepto de los magistrados correlatores, el compareciente no ha brindado información sobre la conformación y operación de estructuras paramilitares como el Bloque 'Cacique Nutibara' y el Bloque 'Metro', a pesar de que múltiples testimonios lo vinculan con estas organizaciones.
  • Según el análisis de los magistrados, Santoyo tampoco ha esclarecido su posible relación con bandas criminales como 'La Terraza' y 'La Oficina' en Envigado, limitándose a negarla, pese a la existencia de pruebas y testimonios que documentan su participación en actividades ilegales, incluido el uso indebido de inteligencia estatal.
  • El régimen de condicionalidad exige un compromiso real y verificable en la justicia transicional. Quienes no cumplan con estos deberes serán remitidos a la jurisdicción ordinaria.
Bogotá, 14 de febrero de 2025. Los magistrados correlatores del Subcaso Antioquia, en el Caso 08, Óscar Parra y Gustavo Salazar, de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, remitieron a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas el material probatorio que permite evaluar la posible apertura de un incidente de incumplimiento al general (r) Santoyo, por no cumplir con sus compromisos del régimen de condicionalidad de aportar verdad plena, exhaustiva y detallada sobre los hechos en los que habría estado involucrado.
 
Luego de contrastar y evaluar la información entregada por Santoyo Velasco en audiencia de aporte de verdad y seguimiento al régimen de condicionalidad, en marzo de 2024, y de la información adicional que le fue solicitada el diciembre pasado, los magistrados Parra y Salazar determinaron que el alto oficial ha incumplido reiteradamente sus obligaciones al negarse a esclarecer la dimensión y el alcance de su apoyo a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Esto, a pesar de que fue condenado en Estados Unidos por conspiración para proveer apoyo material y recursos a dicha organización terrorista. Además, ha evitado mencionar los actos concretos que llevaron a esa conducta delictiva, limitándose a señalar, de manera reiterada, que se trataba de una “estrategia jurídica".
 
Según el análisis de los magistrados correlatores, Santoyo tampoco ha contribuido en el esclarecimiento de la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES). Santoyo Velasco fue vinculado por la Fiscalía General de la Nación como autor mediato de este crimen, calificado como de lesa humanidad. Además, no ha colaborado en el esclarecimiento de la grave situación de violencia y la incidencia criminal en Medellín (Antioquia), que derivó en múltiples crímenes, incluidos los de miembros de la fuerza pública, mientras ocupaba un alto cargo en la Dirección Nacional del Gaula.
 
En la información remitida a los magistrados Pedro Díaz y Mauricio García, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, se advierte que el compareciente no ha brindado información sobre la conformación y operación de estructuras paramilitares como el Bloque 'Cacique Nutibara' y el Bloque 'Metro', a pesar de que múltiples testimonios en la justicia ordinaria lo vinculan con estas organizaciones. Además, el compareciente no ha esclarecido su posible relación con bandas criminales como 'La Terraza' y 'La Oficina' en Envigado (Antioquia), limitándose a negarla, pese a la existencia de pruebas y testimonios que documentan su participación en actividades ilegales, incluido el uso indebido de inteligencia estatal.
 
Ante el reiterado incumplimiento de las obligaciones de Santoyo ante la JEP, los magistrados correlatores sustentan que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas evalúe la apertura de un incidente de incumplimiento, lo que podría derivar en la posible pérdida de los beneficios de la justicia transicional que le han sido otorgados al compareciente y su eventual expulsión del sistema.
 
La Jurisdicción Especial para la Paz reafirma su compromiso con la verdad y los derechos de las víctimas, recordando que el régimen de condicionalidad exige un compromiso real y verificable con la justicia transicional, y que quienes no cumplan con estos deberes serán remitidos nuevamente a la jurisdicción ordinaria.
 
El Caso 08 investiga los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, u otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles durante el conflicto armado.