COMUNICADO 53

Por primera vez, imputados por la JEP como máximos responsables de ‘falsos positivos’ trabajan en la búsqueda de personas desaparecidas

La JEP ha diseñado una propuesta de proyecto restaurativo dirigida a los comparecientes imputados como máximos responsables en el Subcaso Huila – Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate. Por esta vía se busca su participación en iniciativas orientadas a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
Las labores de búsqueda, enmarcadas en intervenciones forenses, son coordinadas y guiadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), entidad del Sistema Integral para la Paz (SIP) con competencia en investigaciones de carácter humanitario y extrajudicial.
La primera intervención se realizó en el Monumento 14, ubicado en el Cementerio Central de Neiva, con el propósito de extender esta iniciativa a otros camposantos, como los de Pitalito y Garzón, donde el proceso judicial indica que podrían haberse inhumado víctimas de desaparición forzada.
Estas acciones restaurativas se articulan con la medida cautelar emitida por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV), ordenada tras evaluar una solicitud de los familiares de las víctimas.
Este proyecto restaurativo se enmarca en las IPPPR que buscan contribuir a la reparación de los daños causados y a las garantías de no repetición. Estas iniciativas servirán de referente para la implementación de las sanciones propias que imponga el Tribunal para la Paz a quienes aporten verdad y reconozcan responsabilidad.

Neiva, Huila. 24 de abril de 2025. En la JEP, la justicia se construye con acciones. Tres miembros de la fuerza pública, que han reconocido su responsabilidad como máximos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate en Huila, son los primeros imputados por la JEP que se vinculan a un proyecto restaurativo orientado a la búsqueda de víctimas de desaparición forzada.

Trabajan justo allí, en el mismo territorio donde cometieron los crímenes, como un acto tangible de responsabilidad y compromiso tanto con las familias a las que causaron daño como con la verdad.

Entre el 22 y el 27 de abril, estos comparecientes participan en las labores que permitieron la intervención forense del Cementerio Central de Neiva. Lo hicieron en el marco del Subcaso Huila – Caso 03, que investiga los ‘falsos positivos’. En este contexto, se vincularon a este proceso restaurativo como otra forma de asumir responsabilidad frente a los hallazgos documentados por la Sala de Reconocimiento de Verdad, que puso en evidencia cómo varias víctimas fueron inhumadas como personas no identificadas, tanto en ese cementerio como en otros del departamento.

Con esta información como base, y en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), los comparecientes se unieron al primer proyecto restaurativo de este tipo para acompañar al equipo forense en la identificación de posibles puntos de interés. Su participación ha sido clave en dos niveles: por un lado, proporcionan información que puede conducir a la identificación de las víctimas y/o a la localización de sus familiares; por el otro, contribuyen con su fuerza de trabajo en tareas como el acondicionamiento del terreno y la ejecución de obras civiles necesarias para la intervención.

Este proyecto restaurativo se enmarca en las IPPPR (Iniciativas, Planes, Programas y Proyectos Restaurativos) que buscan contribuir a la restauración de los daños causados y a las garantías de no repetición. Su implementación efectiva y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los comparecientes constituyen un referente para la ejecución de las sanciones propias que imponga el Tribunal para la Paz a quienes aporten verdad y reconozcan responsabilidad.

Además de los esfuerzos conjuntos de las entidades del Sistema Integral para la Paz (SIP), como la JEP y la Unidad de Búsqueda, los avances en estos trabajos han sido posibles gracias al apoyo de entidades territoriales, como la Alcaldía de Neiva —a través de su Secretaría de Paz—, la Gobernación de Huila, así como de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

El Monumento 14

Hasta este punto, ubicado en el Cementerio Central de Neiva, llegó la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) de la JEP, en respuesta a los llamados de familiares de víctimas de desaparición forzada que solicitaron proteger el camposanto y facilitar las intervenciones forenses. El propósito: recuperar cuerpos e identificar posibles víctimas del conflicto armado. Solo en este lugar existen 156 bóvedas de tamaño estándar, algunas de las cuales habrían sido utilizadas para inhumar a personas no identificadas.

De manera paralela, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) realizó una prospección técnica en el sitio y concluyó la necesidad urgente de intervenir el pabellón en el marco del Plan Nacional de Búsqueda y en los Planes Regionales de Búsqueda (PRB) correspondientes a la Cordillera Oriental, la Cordillera Central y el sur de Huila. El análisis evidenció su avanzado estado de deterioro, reveló que el tamaño de las bóvedas no cumple con la normativa vigente y confirmó que sus condiciones estructurales no corresponden a los estándares requeridos para construcciones destinadas a la inhumación.

En esa misma evaluación, la UBPD planteó la necesidad de modificar y ampliar la estructura del Monumento 14. La propuesta contempla la incorporación de al menos 350 osarios con dimensiones específicas para albergar cuerpos esqueletizados, y cuatro contenedores especiales diseñados para conservar estructuras óseas mezcladas que no puedan ser individualizadas. Estos restos provendrán de los cuatro osarios colectivos que serán intervenidos en fases futuras. Asimismo, concluyó que las condiciones actuales del Monumento 14 no ofrecen la capacidad suficiente para el almacenamiento de los Cuerpos No Identificados (CNI) y los Cuerpos Identificados No Reclamados (CINR).

La iniciativa que permitió la vinculación de los comparecientes a esta línea restaurativa, centrada en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, fue presentada de manera preliminar en la Mesa Técnica de Promoción y Articulación de los Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Restaurador presidida por la Gobernación de Huila en marzo de 2024. En ese espacio, el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos (OBSURDH), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, así como organizaciones que representan a las víctimas del Subcaso Huila, como el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD), manifestaron que este proyecto podría constituir un aporte significativo en la restauración del daño y en el reconocimiento del sufrimiento de las familias.

Para la JEP, dar una respuesta efectiva a las víctimas no es solo un mandato legal: es un imperativo ético y un derecho fundamental. Las víctimas están en el centro de cada uno de sus procesos, y su dolor —producido por años de violencia, silencio e impunidad— exige acciones concretas que dignifiquen su memoria y reconozcan su sufrimiento. En ese sentido, las Iniciativas, Planes, Programas y Proyectos Restaurativos (IPPPR) que adelantan los comparecientes, orientadas a la localización, identificación e inhumación digna de las víctimas de desaparición forzada, representan un camino tangible hacia la restauración y las garantías de no repetición.

Reparar lo irreparable

La desaparición forzada es uno de los crímenes por los que la Sala de Reconocimiento de Verdad imputó a 36 integrantes del Ejército Nacional en Huila. En el marco del proceso judicial, durante la Audiencia de Reconocimiento de Verdad de este subcaso del Caso 03 —realizada el 8, 9 y 10 de agosto de 2024 en Neiva— los comparecientes entregaron información que permite avanzar en la ubicación de víctimas directas. En total, se les atribuyen 200 asesinatos presentados ilegítimamente como bajas en combate, de los cuales 32 corresponden a víctimas de desaparición forzada, además de ocho tentativas de homicidio.

Frente a 140 víctimas, 74 comparecientes de la fuerza pública —entre ellos máximos responsables y otros con distintos niveles de participación— admitieron su responsabilidad en crímenes cometidos cuando integraban el Batallón de Infantería No. 26 'Cacique Pigoanza' (BIPIG), el Batallón de Infantería No. 27 'Magdalena' (BIMAG), entre otras unidades. El patrón de macrocriminalidad identificado en el Subcaso Huila evidencia, además, los daños derivados por la falta de identificación, entrega e inhumación digna de las víctimas.

Al escuchar las versiones de los comparecientes, los familiares de las víctimas que participaron en esta diligencia solicitaron una mayor vinculación de los procesados en las labores de búsqueda. Consideran que esta es una forma concreta de aportar a la verdad, al esclarecimiento de los hechos y, en alguna medida, de reparar el dolor, especialmente de aquellas familias que esperan encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Por eso, las intervenciones restaurativas adelantadas en este cementerio serán evaluadas con el propósito de replicar la experiencia en los cementerios de Pitalito y Garzón, donde también se inhumaron cuerpos en condición de no identificación, posibles víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado.