COMUNICADO 161
Representantes de 21 embajadas en Colombia ratificaron su apoyo a la JEP tras la emisión de las primeras sentencias restaurativas
- El magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la JEP, junto con los magistrados de la Sección de Reconocimiento de Verdad y el secretario ejecutivo, Harvey Suárez Morales, se reunieron con representantes diplomáticos para exponer los avances y desafíos en el cumplimiento de las Sanciones Propias.
- Durante el encuentro se presentaron las sentencias emitidas en el Caso 01, sobre secuestros, y en el Subcaso Costa Caribe del Caso 03, que aborda asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate.
- El respaldo internacional fue unánime: participaron 16 Estados miembros de la Unión Europea, más Suiza, Noruega, Canadá y Reino Unido.
Bogotá, 2 de octubre 2025. Veintiún representantes de embajadas en Colombia, entre ellos delegaciones de 16 países de la Unión Europea, manifestaron el pasado viernes su respaldo unánime al trabajo de la JEP tras la emisión de las primeras sentencias en el Caso 01 y en el Subcaso Costa Caribe del Caso 03, anunciadas el 16 y 18 de septiembre, respectivamente.
Durante el encuentro, realizado en la Embajada de la Unión Europea, los diplomáticos expresaron su beneplácito por las sentencias emitidas por la Sección de Reconocimiento de Verdad, que imponen las primeras Sanciones Propias a comparecientes que han aportado verdad y reconocido su responsabilidad por graves crímenes.
Asimismo, los diplomáticos expresaron la disposición de sus países de acompañar la implementación de los proyectos restaurativos a los que se vincularán los comparecientes como parte de su sanción, con el fin de contribuir a la reparación de los daños causados. Consideran estas medidas un paso clave en la implementación del Acuerdo Final de Paz.
En la primera sentencia, dictada en el Caso 01 contra el último Secretariado de las extintas Farc-EP por la política de secuestros que dejó al menos 21.396 víctimas, la JEP impuso la sanción máxima de ocho años. Los sancionados deberán realizar trabajos de búsqueda de personas desaparecidas, desminado humanitario, protección del medio ambiente y reparación simbólica.
La segunda sentencia se anunció en el marco del Subcaso Costa Caribe, del Caso 03, por 135 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate en el norte de Cesar y el sur de La Guajira, entre 2002 y 2005. En este fallo, se sancionó a 12 antiguos integrantes del Batallón La Popa con la pena máxima prevista en el Acuerdo y en la ley: ocho años de trabajos orientadas a la restauración de las víctimas, las comunidades y el territorio.
El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, agradeció el respaldo continuo de las embajadas al trabajo de la Jurisdicción. “El apoyo político, técnico y financiero ha sido clave para que la JEP haya podido presentar sus primeras sentencias. Sin ese respaldo, estas decisiones no habrían sido posibles”, afirmó.
Les dijo que “hemos actuado con pruebas contundentes y la justicia que hoy se impone reconoce verdades ocultas, dignifica a las víctimas y busca una reparación real”. En seguida, resaltó que “la implementación de las Sanciones Propias representa una oportunidad única para transformar el reconocimiento de responsabilidad en acciones concretas de reparación y construcción de paz en los territorios más afectados por el conflicto”.
Ramelli Arteaga destacó que esa oportunidad solo se podrá materializar plenamente si se articulan de manera efectiva todos los actores del Estado con los comparecientes, las comunidades y, de manera especial, con el acompañamiento de la comunidad internacional. Además, precisó que en el trámite de estas sentencias se garantizó la participación con incidencia de las víctimas, incluidas autoridades étnicas y comunidades acreditadas.
Por su parte, el nuevo embajador de la Unión Europea en Colombia, Francois Roudie, reiteró el respaldo de sus Estados miembros a la Justicia Transicional Restaurativa y a la implementación del proceso de paz en Colombia. “La Unión Europea saluda y apoya este paso (...) Es fundamental que las sanciones emitidas se implementen de manera eficaz, con plena participación de las víctimas y que cuenten con suficientes recursos técnicos y financieros”, concluyó.
En el encuentro participaron las y los magistrados de la Sección de Reconocimiento de Verdad —Ana Manuela Ochoa Arias, Juan Ramón Martínez Vargas, Zoraida Chalela Romano, Camilo Suárez Aldana y Roberto Vidal López—; y el secretario ejecutivo, Harvey Suárez Morales, quienes explicaron la trascendencia de las sentencias, así como el riguroso trabajo que llevó a su emisión y el papel fundamental que han ejercido los aliados internacionales en el proceso.
El magistrado Suárez Aldana recordó que, aunque la sentencia del Caso 01 definió la situación jurídica de los antiguos jefes de las Farc-EP por secuestros y otros crímenes cometidos en el contexto del cautiverio, pero “su responsabilidad no se agota aquí, pues están vinculados a cinco macrocasos más”. “Esa verdad que demandan las víctimas sigue obteniéndose y se sigue exigiendo”, puntualizó.
A su turno, la magistrada Ochoa Arias, enfatizó en que estos fallos no son “solo un texto jurídico, sino un acto pensado en las familias de los afectados” y agregó que “la Justicia Transicional Restaurativa no se reduce a remplazar la cárcel, es un proceso de reconocimiento, reparación y sanación colectiva que transforma la relación entre el Estado y las comunidades”.
De esta manera, la JEP avanza en la consolidación del respaldo internacional necesario para contribuir a garantizar la implementación de las sentencias que, de ahora en adelante, la Sección de Reconocimiento de Verdad seguirá emitiendo en los diferentes casos que investigan, juzgan y sancionan a los máximos responsables de los crímenes más atroces.
En ese sentido, el presidente Ramelli recalcó la importancia de ese acompañamiento en esta nueva etapa, al advertir que “será aún más crucial en la fase de implementación de las sanciones, pues las víctimas, comunidades y los territorios esperan que las acciones restaurativas enmarcadas en las sentencias se traduzcan en transformaciones visibles y sostenibles”.
