​COMUNICADO 83

Seis tenientes coroneles, 23 oficiales, ocho suboficiales, tres soldados y dos civiles reconocieron responsabilidad ante la JEP por ‘falsos positivos’ en Antioquia

• 42 de los 50 imputados como máximos responsables en el Subcaso Antioquia —del Caso 03 de la JEP— reconocieron su participación en asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentadas como falsas bajas en combate por seis batallones de la IV Brigada del Ejército Nacional.   De ellos, siete aceptaron su responsabilidad por hechos ocurridos entre 2002 y 2003, y los otros 35 por hechos documentados en el segundo periodo investigado, entre 2004 y 2007.
• Se trata de 29 oficiales, ocho suboficiales y tres soldados profesionales —antiguos integrantes de la IV Brigada—, además de dos civiles que hacían parte de la red criminal encargada de reclutar a las víctimas. Entre ellos está el oficial de operaciones para la época de los hechos.
• Por escrito, los comparecientes manifestaron su disposición para entregar información relevante a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. En algunos casos, aportaron información nueva y reconocieron responsabilidades que van más allá de los términos establecidos en la imputación. Además, se refirieron a los daños causados y expresaron su voluntad de contribuir a la restauración de las víctimas, comunidades y Territorios.
• En los dos periodos investigados por la JEP en Antioquia, al menos 581 personas fueron asesinadas y 208 desaparecidas forzadamente para ser presentadas como falsas bajas en combate. Ocho sobrevivientes fueron identificados en el proceso judicial. 
• Ya ha comenzado la preparación restaurativa de las Audiencias Públicas de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad que se realizará en el segundo semestre del año en Medellín y el oriente antioqueño. 
• Pese a la amplia evidencia testimonial y documental recopilada por la JEP en el proceso judicial, cuatro comparecientes decidieron no aceptar la imputación como máximos responsables. Otros tres presentaron solicitudes de nulidad y, en un caso, el del compareciente Édgar Emilio Ávila Doria, la sala no encuentra registro de su pronunciamiento. 

Bogotá, 11 de junio de 2025. Ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, 42 antiguos integrantes de la IV Brigada reconocieron haber participado del patrón macrocriminal en el que al menos 581 personas fueron asesinadas, entre ellas 208 que además fueron desaparecidas forzadamente, para ser presentadas como falsas bajas en combate en Antioquia. Varios de ellos reconocieron haber liderado la política de facto de “conteo de cuerpos” en la jurisdicción bajo su mando, pese a conocer los riesgos comprobados que esta representaba para la población civil. Dentro del plazo para responder a la imputación, decidieron aceptar por escrito su participación en los crímenes. 

De los 50 comparecientes de la fuerza pública imputados en los dos periodos investigados, siete reconocieron hechos ocurridos entre 2002 y 2003, y 35, hechos cometidos entre 2004 y 2007. Todos aceptaron su responsabilidad en los términos establecidos por la magistratura. Entre ellos hay 29 oficiales, ocho suboficiales y tres soldados profesionales, además de dos civiles que integraban la red criminal encargada de reclutar a las víctimas y entregarlas, a cambio de dinero, a los militares. Uno de los imputados que reconoció su responsabilidad fue el teniente coronel Juan Carlos Piza Gaviria, quien se desempeñó como oficial de operaciones de la IV Brigada del Ejército Nacional entre 2004 y 2007.

Se trata de oficiales y suboficiales que fueron señalados por su liderazgo en la implementación de esta política o por su participación determinante en los crímenes. Todos pertenecieron a seis batallones adscritos a la IV Brigada: el Batallón de Infantería No. 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez’ (BAJES), el Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 ‘General Pedro Nel Ospina’ (BIOSP), la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas 5 (AFEUR 5), el Batallón de Infantería No. 10 ‘Coronel Atanasio Girardot’ (BIGIR), el Grupo de Caballería Mecanizado ‘Juan del Corral’ (GMJCO) y el Batallón de Infantería No. 32 ‘General Pedro Justo Berrío’ (BIPEB).

Entre ellos además se encuentran los tenientes coroneles Juan Carlos Barrera Jurado, Rubén Briam Blanco Bonilla, Jaime Humberto Pinzón Amézquita, Gonzalo Enrique Lizcano Valero y Julio Alberto Novoa Ruiz. Todos fueron comandantes de unidades investigadas que, para la época de los hechos, dieron órdenes para implementar esta política —basada en la presión por resultados operacionales medidos en bajas— trazada desde la IV Brigada y documentada por la Sala de Reconocimiento de Verdad a través de tres modalidades macrocriminales descritas en la investigación.

A esta lista de reconocimientos de responsabilidad, surgida en el marco del proceso dialógico que ha contado con la participación de víctimas y comparecientes, y que se enmarca en el Caso 03 sobre 'falsos positivos', se suman cinco mayores: Juan Carlos Quiroz Osorio, César Augusto Tavera Cardona, Ángel William Martínez, Óscar Odilio Villate Porras y Félix Gabriel Churio Marcucci; cuatro capitanes: Carlos Andrés Nivia, José Alberto Caicedo Antolínez, Beismarck Salamanca Nempeque y Gersson Freddy Buitrago Medina; y cuatro tenientes: Nelson Enrique Carvajal Chisco, Manuel Alejandro Cuéllar, Hernando García García y César Augusto Cómbita Eslava. 

Los comparecientes imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad reconocieron su responsabilidad en los homicidios, entre ellos 208 casos de desaparición forzada, además de ocho tentativas de asesinato. De ese total, 147 fueron perpetrados en el oriente antioqueño entre 2002 y 2003, y los 434 restantes, además de las ocho tentativas, ocurrieron durante el segundo periodo analizado, entre 2004 y 2007. La evidencia judicial demuestra que, a través de órdenes, directrices, lineamientos y mensajes cotidianos transmitidos por radio a las tropas, se condicionó la conducta criminal de sus subalternos y se favoreció la consolidación de asociaciones ilícitas dentro de los batallones y unidades militares bajo su mando. 

El objetivo de la política fue reportar la mayor cantidad posible de supuestas bajas “en combate”, privilegiando los muertos como único indicador real del éxito militar y desestimando las capturas, consideradas resultados problemáticos que no contribuían a la victoria. Este propósito se alcanzaba mediante presiones y amenazas a las tropas, así como con premios e incentivos para quienes reportaran más muertes, lo que fomentó una competencia feroz por escalar en las estadísticas oficiales, sin importar la especialidad de la unidad militar, ni que las guerrillas ya hubieran sido derrotadas estratégicamente o replegadas fuera de la jurisdicción de la IV Brigada, o que los grupos paramilitares se hubieran desmovilizado. 

La evidencia judicial permitió que los comparecientes reconocieran delitos que nunca antes habían sido investigados, y señaló como responsables a altos mandos que hasta ahora no habían sido judicializados. Como resultado de esta labor, hoy el país sabe que Antioquia concentró el 25,19 % de todas las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate a nivel nacional. En ese contexto, se identificó que la IV Brigada fue responsable del 73% de esas muertes en el departamento entre los años 2000 y 2013. El periodo de mayor victimización se dio entre 2002 y 2007 —precisamente el lapso priorizado por la JEP en este subcaso—, con especial intensidad en los años 2003, 2004 y 2005, cuando esta unidad militar concentró el mayor porcentaje de víctimas registradas.

Todos estos hallazgos confirman lo ya establecido por la JEP en sus ocho Autos de Determinación de Hechos y Conductas, mediante los cuales ha imputado, en total, a 173 comparecientes de la fuerza pública, un agente del extinto DAS y cinco civiles como máximos responsables. Todo ello en el marco de la investigación adelantada en cinco de los seis territorios priorizados en el Caso 03: Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Huila y Antioquia, además del caso conjunto sobre el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba. De ese total, 86 comparecientes ya han reconocido públicamente su responsabilidad ante la justicia, las víctimas y el país; los demás se preparan para hacerlo.

Los reconocimientos 

El 84% de los comparecientes imputados en el Subcaso Antioquia del Caso 03 —que investiga asesinatos y desapariciones forzadas— reconoció su responsabilidad y ratificó su compromiso con las víctimas, con la Jurisdicción y con el Acuerdo Final de Paz. En los escritos radicados hasta el miércoles 5 de junio, fecha en la que vencía el plazo para responder a la imputación, manifestaron su disposición a entregar información relevante a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en cumplimiento de la quinta orden del auto. En esa línea, expresaron también su voluntad de participar en las actividades y espacios que dicha entidad convoque.

El teniente coronel Juan Carlos Piza Gaviria, por ejemplo, reconoció “que ejercí presión indebida a fin de que se dieran más resultados operacionales, fomentando la competencia entre las unidades militares. Llevando un estadístico donde se registraban las bajas en combate. Llevaba un conteo igualmente semanal del número de bajas reportadas en sus programas, animaba a todas las unidades a aumentar los números. Fomente el otorgamiento de medallas como consecuencia de la presentación de bajas en combate” dijo y añadió: “Fomenté el sistema de incentivos positivos y negativos que se ha descrito en este auto. Se daban órdenes con la exigencia de objetivos prácticamente inalcanzables”. 

Asimismo, algunos de los máximos responsables imputados manifestaron su voluntad de reconocer hechos y conductas adicionales a las atribuidas. En este caso, el mayor César Augusto Tavera Cardona afirmó que, además de los hechos imputados por la JEP, también asumiría: “la responsabilidad de los hechos delictuales que se ejercieron por parte de mis subalternos en razón a las presiones constantes que ejercía en la tropa para que aumentaran el número de muertes en combate, esto bajo el contexto expresado en la diligencia de versión voluntaria”. En el mismo sentido, el compareciente de la fuerza pública reconoció su participación directa en un hecho que dejó como resultado dos víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate. 

El sargento viceprimero Pedro Tobías Apolinar Guevara aceptó su responsabilidad y agregó en su carta de reconocimiento: “No agoté en debida forma el ciclo de inteligencia y participé en operaciones militares irregulares que culminaron en el asesinato de civiles. En cierto modo mantuve relaciones con las autodefensas (Bloque Héroes de Granada) y contribuí así a la selección y retención de las víctimas. Acudí a la escena del crimen para manipular los cuerpos de las víctimas. Suscribí documentos operacionales que le daban apariencia de legalidad a los asesinatos”.

Por su parte, el mayor retirado Óscar Odilio Villate Porras indicó que la lectura de la investigación de la JEP —es decir, el Auto de Determinación de Hechos y Conductas que contiene las imputaciones— le permitió reconocer que “es claro que no cumplí cabalmente con los deberes que mi posición de militar y cargos que desempeñe contemplaban, como lo eran exigir y garantizar la participación directa en la planificación y supervisión de las órdenes de operaciones emitidas en la unidad, con el fin de prevenir cualquier tipo de irregularidad”. Asimismo, entregó nuevos detalles sobre uno de los casos documentados en el auto, ocurrido el 21 de febrero 2005.

El teniente Hernando García García se refirió al daño causado a las víctimas: “Reconozco que con mis acciones causé daños morales, emocionales y en la salud mental y física, así como la estigmatización y revictimización padecida por los familiares de las víctimas”. En ese mismo sentido, el teniente César Augusto Cómbita Eslava indicó su compromiso de contribuir a “la reparación de las víctimas de los hechos narrados en el presente escrito y manifiesto expresamente mi voluntad de participar en los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador Restaurador que se puedan proponer colectivamente y concertar con las víctimas”. 

Finalmente, el civil Luis Nolberto Serna enfatizó en el daño causado a las familias por su señalamiento y estigmatización: “Reconozco el grave daño que causé a muchas familias con mis acciones erróneas, al conducir a la muerte a personas inocentes: padres, hijos, esposos, hermanos y amigos que no tenían conexión con grupos armados ni bandas criminales. Además, asumo la responsabilidad por la estigmatización que sufrieron sus familias, el señalamiento social y la desestabilización moral y psicológica que estas pérdidas generaron en sus hogares”, dijo.

Como lo demostró la Sala de Reconocimiento de Verdad a partir de la contrastación de múltiples fuentes —entre ellas 145 versiones voluntarias de antiguos integrantes de la Brigada IV, documentos operacionales, registros de programas radiales y hojas de vida oficiales—, los mandos militares instauraron una política de presión sistemática centrada en la producción de bajas. Privilegiaron las “muertes en combate” como único indicador de éxito, promovieron una competencia diaria entre unidades a través de conteos públicos y rankings, y activaron un sistema de incentivos y sanciones que recompensaba el número de bajas y castigaba su ausencia.

A partir de estos escritos, la magistratura definirá los términos de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad, en la que los comparecientes públicamente deben asumir tres dimensiones del reconocimiento: la fáctica, que implica aceptar de forma clara, detallada y completa los hechos y su participación en ellos; la jurídica, que exige reconocer que esos hechos constituyen graves violaciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario, y asumir la responsabilidad correspondiente; y la restaurativa, que requiere demostrar voluntad para contribuir a la restauración del daño causado a las víctimas, comunidades y territorios. Así como ha sucedido en los subcasos de Norte de Santander, Huila, Costa Caribe, Casanare y Dabeiba.

¿Qué pasa con quienes no reconocen?

Pese a la amplia evidencia testimonial y documental contrastada por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP en el marco de la investigación judicial, los tenientes coroneles Jairo Bocanegra De La Torre y Juan Pablo Forero Tascón manifestaron que no reconocen responsabilidad. Por su parte, los brigadieres generales Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández y Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo presentaron solicitudes de nulidad frente a las imputaciones. Finalmente, en el caso del teniente coronel Édgar Emilio Ávila Doria, la sala no encuentra registro de su pronunciamiento. 

En cuanto al primer periodo investigado, en agosto de 2023, la JEP ya había determinado que el general Mario Montoya Uribe, comandante de la Brigada IV del Ejército Nacional entre 2002 y 2003, implementó en la jurisdicción bajo su mando la misma política de facto de “conteo de cuerpos”. Por ello, le imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad. El alto oficial no reconoció responsabilidad, optó por la vía adversarial y, a través del Auto 094 de 2024, fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, al igual que el coronel Iván Darío Pineda Recuero.

La UIA, que actúa como la fiscalía de la JEP, será la encargada de continuar con la investigación y decidir si los acusa ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SARV) del Tribunal Especial para la Paz, donde seguiría el proceso adversarial. De ser hallados culpables, se enfrentarían a una condena de hasta 20 años de cárcel.