COMUNICADO CONJUNTO 16
Tras 19 años de búsqueda, aportes de comparecientes de la fuerza pública permitieron que una familia en Huila diera digna sepultura a su ser querido asesinado y desaparecido en 2006
- José Gregorio Cárcamo Vargas fue asesinado y desaparecido en San Agustín (Huila) por miembros del Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’.
- En la Audiencia de Reconocimiento de Verdad, siete de los 36 comparecientes de la fuerza pública imputados como máximos responsables de 200 asesinatos —incluidas 32 desapariciones forzadas— y ocho tentativas de homicidio, reconocieron este y otros crímenes el país.
- Aunque el crimen había sido confesado en el proceso judicial ante la JEP, solo ahora, en articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Medicina Legal y la Unidad para las Víctimas, su cuerpo fue hallado e identificado.
- Lo ocurrido fue un montaje cuidadosamente planeado para encubrir el asesinato y la desaparición forzada: un crimen que durante años permaneció oculto bajo el pretexto de una operación legítima. Con esta entrega su familia pudo esclarecer lo que pasó, despedirlo y poner fin a décadas de dolor e incertidumbre.
Huila, 25 de junio de 2025. Después de casi dos décadas de búsqueda, la familia de José Gregorio Cárcamo Vargas —un padre de 35 años que vivía con su pareja, Yonaira Murcia, su hijo José Ricardo Cárcamo Murcia y sus hijos de crianza Juan Sebastián, María Lorena y María Isabel— pudo finalmente despedirlo en un acto de entrega digna que puso fin a años de incertidumbre, después de que quienes lo arrancaron de su hogar rompieron el silencio para contar lo que pasó.
El esclarecimiento de lo ocurrido el 18 de noviembre de 2006, cuando José Gregorio salió solo, vestido con ropa de trabajo, a comprar un tarro de leche que le había pedido su esposa y nunca más regresó, fue posible a partir de los aportes de verdad entregados por varios comparecientes de la fuerza pública en el proceso judicial de la JEP.
Sus testimonios revelaron las circunstancias de su asesinato y mostraron cómo fue presentado ilegítimamente como un supuesto extorsionista muerto en combate.
Su caso hace parte de uno de los hechos documentados por la JEP en la investigación del Subcaso Huila del Caso 03, que indaga los asesinatos y desapariciones presentados ilegítimamente como bajas en combate. En el marco de este proceso, la Sala de Reconocimiento de Verdad imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 36 comparecientes de la fuerza pública, máximos responsables de 200 asesinatos, 32 desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio cometidos en el departamento entre 2005 y 2008.
La verdad judicial
Las revelaciones surgieron en las versiones entregadas por los militares que participaron en la operación ante esta Jurisdicción. Según sus testimonios, la noche del 18 de noviembre de 2006, en el marco de la Misión Táctica “Navaja”, un hombre fue reportado como muerto en la vereda El Playón, jurisdicción de San Agustín (Huila), hacia las 21:40 horas. La tropa permaneció en el lugar durante toda la noche, a la espera de que la autoridad competente realizara el levantamiento del cuerpo.
Los testimonios recogidos en este proceso, liderado por el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP y relator del Subcaso Huila, permitieron superar el umbral de verdad conocido hasta ahora. Con ellos fue posible reconstruir la magnitud de los delitos imputados, la evolución de las prácticas y las dinámicas que alimentaron estas atrocidades, así como dimensionar los impactos físicos y psicológicos sufridos por las víctimas y sus familias, el daño causado a las comunidades, y las políticas que llevaron a que se cometieran estos crímenes.
Hoy se sabe, a partir de esos testimonios, que para presentar el hecho como un supuesto “resultado operacional” un arma fue trasladada desde el batallón por coordinación entre la Sección de Inteligencia y la Sección de Operaciones, y que un cabo, siguiendo esas órdenes, la colocó sobre el cadáver para simular un enfrentamiento con un presunto extorsionista. Estas declaraciones, entregadas por los mismos integrantes de la unidad militar, desmienten la versión oficial de la época y confirman que no hubo combate alguno.
Lo ocurrido fue un montaje cuidadosamente planeado para encubrir el asesinato y, luego, la desaparición forzada: un crimen que durante años permaneció oculto bajo el pretexto
de una operación legítima. La investigación estableció que José Gregorio Cárcamo Vargas recibió los disparos de fusiles del Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’ de Pitalito. Era un civil desarmado, que nunca había prestado servicio militar ni tenía conocimientos en el manejo de armas, de modo que no existía justificación alguna para el ataque que le quitó la vida.
El relato coincide con la información que tenía su familia. Pocos días antes de la desaparición, hombres desconocidos habían llegado a la vivienda preguntando por él, un hecho que despertó la inquietud de su esposa. Al no regresar, Yonaira inició una búsqueda desesperada y pronto escuchó versiones que revelaban una verdad dolorosa: José Gregorio había sido asesinado por tropas del Ejército, sepultado como persona no identificada y presentado públicamente —incluso en reportes de prensa— como un supuesto extorsionista muerto en combate.
Las décadas de incertidumbre y el camino de búsqueda encontraron un punto de inflexión cuando la JEP ordenó proteger e intervenir el cementerio San Antonio de Padua de Pitalito, ante los indicios de presencia de víctimas de desaparición forzada. Allí fue hallado un cuerpo que podía corresponder a José Gregorio y se tomaron muestras para su identificación. El Instituto Nacional de Medicina Legal las comparó con las de su esposa e hijo y confirmó la verdad: se trataba de un hombre humilde que había salido a comprar un tarro de leche para su familia, la misma que, en condición de desplazamiento, sobrevivía en un kiosco abandonado mientras él realizaba oficios varios y reciclaje para sostener el hogar.
Con la identidad plenamente establecida, el 12 de septiembre, en Neiva se llevó a cabo el acto de entrega digna del cuerpo de José Gregorio Cárcamo Vargas. Su familia pudo al fin recibirlo en una ceremonia que unió memoria, verdad y reparación. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, con el acompañamiento de la JEP y de la Unidad para las Víctimas, estuvo presente en este momento profundamente humano que puso fin a un largo camino de dolor y búsqueda incansable.
La articulación institucional permitió culminar este proceso: las actuaciones judiciales y forenses, sumadas a la perseverancia de la familia, hicieron posible que el cuerpo de José Gregorio regresara al lugar que le corresponde: el amor de los suyos. Cada entrega digna restaura derechos, rompe el silencio, honra una memoria que había sido mancillada y permite a las familias iniciar el duelo suspendido por el conflicto armado.
