Nota de prensa
Tribunal para la Paz analiza condiciones para materializar sanciones propias en el Caso Conjunto del Cementerio Las Mercedes de Dabeiba
- En una audiencia realizada en Medellín participaron los voceros de 28 entidades convocadas para aportar en las sanciones propias que se impondrá en el marco del Caso Conjunto ‘Cementerio Las Mercedes de Dabeiba’.
- La audiencia se lleva a cabo después de que la magistratura escuchó en julio pasado a las víctimas y comparecientes y recibió sus observaciones sobre las propuestas de sanción propia para restaurar sus derechos.
Medellín, 11 de octubre de 2024. La Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP escuchó en Medellín a 28 entidades del orden nacional, departamental y local para conocer el panorama de ofertas, programas, recursos y planes que garanticen la materialización de las sanciones propias en el marco del Caso Conjunto 03-04.
En este caso, la Sala de Reconocimiento investigó asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado en Dabeiba, Antioquia; y actualmente, la Sección de Reconocimiento de Verdad adelanta la fase de juicio contra los ocho ex integrantes de la fuerza pública que aportaron verdad y reconocieron su responsabilidad por la comisión de estos crímenes.
La sección, parte del Tribunal para la Paz de la JEP, realizó en Medellín una audiencia de dos días para conocer las condiciones y garantías existentes de cara a la imposición de sanciones propias a los comparecientes como parte de su sentencia.
En la diligencia judicial, realizada en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, participaron el magistrado Juan Ramón Martínez, ponente de este caso conjunto; las magistradas Zoraida Chalela Romano (presidenta de la sección) y Ana Manuela Ochoa, así como el magistrado Camilo Andrés Suárez.
Las entidades, entre las cuales se contaban ministerios, administraciones locales y regionales y diferentes agencias del Gobierno, expusieron lo que podrían ser sus aportes para la ejecución de nueve propuestas de proyectos restaurativos priorizados para restaurar el daño ocasionado a las víctimas, comunidades y territorios. Dichos aportes y proposiciones son el resultado de mesas de trabajo realizadas durante meses entre las entidades y las comunidades.
La sección también convocó a otras instituciones para analizar las garantías que se deben cumplir en otros aspectos, como aquellas que se deben asegurar para que las personas puedan cumplir una sanción propia, como la situación de seguridad o cobertura en salud, y asegurar así la ejecución de estos trabajos, obras y actividades restaurativas.
Toda la información recogida por la magistratura servirá para diseñar uno o varios proyectos restaurativos como parte de la sentencia que deberán ejecutar los comparecientes imputados como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad en este caso conjunto.
Tras exponer el complejo camino recorrido por la Sección de Reconocimiento para garantizar que las sanciones propias sean “cumplibles y realizables”, el magistrado Martínez Vargas usó una analogía con la justicia ordinaria, “donde ya existen centros de reclusión que posibilitan tener certeza sobre el lugar en que se va a implementar el castigo por la conducta de quien cometió el delito”, e indicó que “en esta, nuestra justicia transicional, debemos atender las demandas de verdad restaurativa de víctimas y comunidades asoladas por tantos años de conflicto. Aquí nos corresponde romper los muros que aprisionan e invisibilizan, para que quienes reconocieron su responsabilidad en los crímenes más atroces contribuyan en la reparación y en la reconstrucción del tejido social quebrantado frente a un país que demanda justicia. Sin lugar a dudas el desafío es enorme”, dijo.
Y añadió: “Hoy con estas audiencias dimos como Estado un paso importante en este anhelo de paz, aún nos queda mucho por recorrer”. El magistrado confirmó que esta sección del Tribunal para la Paz “estará haciendo el monitoreo y verificación del cumplimiento de las obligaciones generadas durante la audiencia”.
La magistrada Zoraida Chalela, presidenta de la Sección de Reconocimiento, hizo énfasis en que “solo con una respuesta conjunta de las instancias del Ejecutivo se logrará materializar el paradigma” de la justicia restaurativa. El resultado (de este proceso) tiene que ser conjunto. Ni la JEP puede sola ni las instancias del Gobierno pueden solas”, insistió.
El magistrado Camilo Andrés Suárez aclaró que “el tema de la sanción propia no es un compromiso de cinco magistrados”, sino que “es un compromiso del país, de todas las instituciones que están concernidas en que este gran desafío lo saquemos adelante”.
“Este país está absolutamente nutrido de decisiones judiciales sin capacidad y efectividad de ser cumplible. La diferencia de este modelo de justicia es que este tipo de audiencias busca que el día que se emita una sentencia, esa sentencia sea cumplible y realizable”, recalcó Suárez.
La audiencia estuvo enmarcada por un telar que representó la labor simbólica de “tejer” entre todas y todos una solución y unas sanciones que respondan a las necesidades de las comunidades afectadas por el conflicto.
Los ocho comparecientes que se encuentran en etapa de juicio son: el mayor (r) Yair Leandro Rodríguez Giraldo, el mayor (r) Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, el coronel (r) Edie Pinzón Turcios, el soldado profesional (r) Levis de Jesús Contreras Salgado, el sargento viceprimero (r) Fidel Iván Ochoa Blanco, el sargento primero (r) Jaime Coral Trujillo, el sargento segundo (r) William Andrés Capera Vargas y el mayor (r) Efraín Enrique Prada Correa.
Para ver el minuto a minuto de la Audiencia de Garantía de Condiciones para la Imposición de Sanciones Propias, puede ir a X:
