“No he perdonado ni voy a perdonar. El único que me puede obligar a perdonar es Dios", dice víctima de 'falsos positivos' del Huila
San Agustín, Colombia, 23 de mayo de 2025, @UIA_JEP Unas 50 víctimas del conflicto armado se reunieron durante tres días en este municipio del sur del Huila y, ante funcionarios de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, relataron la tragedia en que los llamados 'falsos positivos' o ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares corruptos convirtieron sus vidas.
“No he perdonado ni voy a perdonar. El único que me puede obligar a perdonar es Dios", dijo Mauricio Aguirre Macías, cuyo hermano Juan Carlos fue asesinado a sangre fría por el Ejército Nacional, el 1 de febrero de 2008, en la vereda Potreritos del municipio huilense de Íquira.
Visiblemente consternado, Aguirre Macías le contó al Grupo de Relacionamiento y Comunicaciones de la Unidad de Investigación que un informante, con cientos de engaños, le entregó a su hermano —para que lo asesinara— al entonces teniente Andrés Felipe Ramírez Gómez.
El informante recibió dos millones de pesos por la celada.
En esa época, Mauricio Aguirre vivía en Bogotá y los vecinos de su casa paterna en la capital del Huila le avisaron que su mamá, María Gladys Macías, al parecer había perdido la razón.
“Mi mamá entró en desespero. Los vecinos me llamaron a contarme que mi mamá andaba como loca saliendo de noche a buscar a Juan Carlos en los puentes y en las zonas marginales de Neiva", relató Mauricio Aguirre, de 59 años y padre de dos hijas.
Cuatro años después del execrable crimen, la familia Aguirre Macías encontró el cadáver de Juan Carlos en un cementerio de Neiva. Los militares lo habían sepultado como N.N.
Hoy, Mauricio Aguirre camina con su mamá para arriba y para abajo. Ella tiene 79 años. El objetivo de los dos es buscar justicia para Juan Carlos. Ambos esperan y aspiran a encontrarla en la JEP.
Eso sí, sin perdón por ahora porque —al decir de Mauricio Aguirre— el teniente (r) Ramírez Gómez por ejemplo “dice que no sabe cómo explicarle a su hija lo que hizo. Eso debió haber pensado cuando le pegó el primer tiro a mi hermano en el estómago y que le dañó la columna".
A diferencia de Mauricio Aguirre, el perdón pareciera estar más cerca de Sandra Liliana Vargas, hermana de John Germán Vargas, quien fue asesinado por militares el 11 de abril de 2007 en Garzón, Huila.
Un supuesto amigo, según Sandra Liliana Vargas, se llevó de su casa a su hermano. Lo engañó para que lo mataran efectivos del Batallón Cacique Pigoanza en la vereda Las Brisas.
Desesperados, los Vargas lo buscaron sin suerte por cielo y tierra. Al final lo encontraron en una funeraria de Garzón. Los militares lo habían enviado allí como un guerrillero sin identificar.
El reporte oficial dijo que John Germán Vargas, de 33 años, tenía armas en su poder. Desde luego eso un montaje.
Entonces empezaron los problemas para los Vargas. Lo primero fue la estigmatización. Muchos de sus amigos y vecinos se quedaron con la versión canalla de que John Germán era un delincuente.
A eso se sumó que la salud de la madre de John Germán y Sandra Liliana, doña Leonilde Calderón, se vino a pique. Ella enfermó de Alzheimer. En medio de sus alucinaciones, según Sandra Liliana, la adolorida madre no se cansó nunca de preguntar por su hijo.
Jamás entendió por qué lo mataron. Doña Leonilde murió en 2022. Tenía 73 años.
A pesar de todo, recalcó Sandra Liliana Vargas, de 43 años, “yo creo en la paz para Colombia. Y también creo en el sistema de justicia de la JEP, entre otras cosas, para que hechos como el que le sucedió a mi hermano nunca vuelvan a pasar en Colombia ni en ninguna parte del mundo".
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P. D.: Entre el 21 y el 23 de mayo, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP reunió en San Agustín a casi medio centenar de víctimas del conflicto armado del departamento del Huila.
El objetivo era implementar la metodología de conversaciones restaurativas para identificar el daño que las ejecuciones extrajudiciales dejaron en las familias de las personas asesinadas.
El encuentro fue conducido por la asesora de la UIA Pilar Rueda y por el fiscal ante Tribunal Rafael Aponte.
En San Agustín se hicieron presentes víctimas de Neiva, Pitalito, Acevedo, Garzón, San José de Isnos, Inzá, La Plata, Altamira y Gigante, entre otros municipios.
