Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación, aseguró el jueves que aquellos comparecientes en el proceso de la JEP que se muestren renuentes en aceptar su participación en crímenes sexuales durante el conflicto armado podrían enfrentarse a penas de prisión de hasta 20 años. 

“Si los comparecientes no aceptan (su participación en la comisión de delitos sexuales con ocasión del conflicto armado), entonces tendrán que enfrentar a los fiscales de la Unidad de Investigación y Acusación y, en caso de que los venzamos en juicio, tendrán una pena privativa de la libertad de entre 15 y 20 años", indicó el funcionario en rueda de prensa con los periodistas de la capital de Nariño.

El miércoles pasado, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz anunció la apertura del macrocaso 11 sobre violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva y otros crímenes por prejuicio.

De acuerdo con el fiscal jefe de la JEP, la apertura del macrocaso 11 “es la oportunidad para nuestro país, para la justicia colombiana y para este proceso de justicia transicional de mandar un mensaje, no solo al país sino al mundo, en torno al esclarecimiento de la verdad y la sanción por crímenes de esta naturaleza". ​

En su concepto, “en la mayoría de los procesos transicionales que se han adelantado en el mundo, en muy pocos ha habido reconocimiento de las víctimas de violencia sexual y, sobre todo, sanción por este tipo de delitos. Así ​las cosas, Colombia va a marcar la pauta en materia de investigación y sanción por crímenes de violencia sexual". ​

El jueves y el viernes, Álvarez Santoyo visitó el departamento de Nariño para explicarles a los periodistas y a los decanos y profesores de las​ universidades de Pasto los alcances y la dinámica del proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz y, en especial, de la dependencia a su cargo: la Unidad de Investigación y Acusación.

Durante la rueda de prensa, Álvarez Santoyo recordó que, en julio de 2018, la Magistratura de la JEP abrió un macrocaso relacionado única y exclusivamente con Nariño, esto es, el 02 o el que prioriza las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario en las poblaciones nariñenses de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas entre 1990 y 2016.

Luego les dijo a los reporteros que las recientes confesiones de comparecientes en la JEP sobre la comisión de graves crímenes durante el conflicto armado son clave porque, “de alguna manera, restauran a las víctimas, porque estas pueden saber la verdad, porque pueden expresar lo que sienten, porque pueden decirles a los victimarios lo que han sentido, y también porque los victimarios pueden reconocer ante las víctimas los graves delitos en los que incurrieron".

Lo anterior, enfatizó, “es el primer paso para empezar a caminar el camino de la justicia restaurativa".

Horas más tarde, el director de la Unidad de Investigación y Acusación no vaciló en decirles a los rectores, decanos y profesores de las universidades de Pasto que “el proceso de paz de Colombia es le mejor del mundo", es decir, el que sellaron hace siete años el gobierno nacional y la entonces guerrilla de las FARC. 

“Si este proceso funciona, se va a replicar en otras partes del mundo", agregó. “Uno de los grandes retos de la (JEP) es lograr que todos quienes participen en este proceso, al final queden medianamente satisfechos. Si todos no quedamos satisfechos, no nos vamos a poder reconciliar", añadió.

El jueves en la tarde, Álvarez Santoyo se reunió con el alcalde de Pasto, Germán Chamorro, y, tras agradecerle por los programas que la Alcaldía viene adelantando en pro de las víctimas del conflicto armado de Nariño, concluyó que “la paz no solo genera tranquilidad, también genera desarrollo".