Estudio de la Unidad de Investigación y Acusación revela que Colombia es el cuarto país del mundo con más ataques a la educación
Bogotá, 7 de noviembre de 2025 (@UIA_JEP) Colombia es el cuarto país del mundo con más ataques a la educación y el segundo con más asesinatos de docentes.
Así se desprende de un documento elaborado por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y presentado en la jornada por su director, Giovanni Álvarez Santoyo, quien reveló que en ocho años esos ataques dejaron casi 19.000 víctimas, principalmente niños y adolescentes.
“Cientos de escuelas y miles de niños (han sido) desescolarizados por el conflicto armado", dijo el fiscal de la JEP, quien además destacó que —en muchos casos— esos niños y niñas han sido víctimas de minas antipersonal y reclutamiento forzado que, luego de la consecuente desprotección del Estado, han terminado “en manos de grupos ilegales o en trabajo infantil".
El documento fue elaborado con la colaboración de la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (GCPEA), la fundación Education Above All y Save the Children.
De acuerdo con el informe 'Ataques a la Educación en Colombia (2017-2025): Consensos globales para un país que se educa en paz', después de Palestina, Ucrania y la República Democrática del Congo, Colombia es el país con más ataques a la educación en el mundo y el primero en el hemisferio occidental.
Es así como entre 2022 y 2023, Palestina registró 1.055 ataques, seguida de Ucrania, con 745; la República Democrática del Congo, con 448, y Colombia, con 363.
Le siguieron, en ese mismo bienio, Burkina Faso, Myanmar, India, Siria, Afganistán y Etiopía.
Sin embargo, los expertos de la Unidad de Investigación y Acusación fueron más allá y documentaron qué pasó después de la firma del Acuerdo de Paz, registrando 913 ataques contra la educación entre enero de 2017 y septiembre de 2025.
El año más crítico de ese período fue 2022, con 243 ataques.
Según el estudio, los 913 ataques fueron perpetrados en un 73% contra docentes, personal administrativo y estudiantes, quienes fueron víctimas de delitos como asesinato, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado en el interior de los colegios o en el camino a ellos y abuso sexual dentro de las escuelas o cerca de ellas.
De todos modos, y aunque la cifra es alarmante, el estudio advirtió que hay “un alto nivel de subregistro" en los ataques principalmente porque las víctimas temen represalias por parte de sus victimarios o porque no confían en las autoridades.
El estudio —se lee en el documento— “permite evidenciar que los ataques a la educación en Colombia tienen un carácter generalizado y sostenido en el tiempo, manteniéndose de forma constante durante los casi nueve años transcurridos desde la firma del Acuerdo de Paz (noviembre de 2016)"
Y un dato adicional: el 85% de los ataques fueron cometidos en municipios colombianos donde aún persiste el conflicto armado y en los que se presentan enfrentamientos entra la fuerza pública y grupos armados ilegales.
“Los ataques más frecuentes son las amenazas de muerte (38%) y los homicidios selectivos (14%)", precisó el informe, que además agregó que “los paros armados y confinamientos impuestos por grupos armados ilegales limitan severamente el derecho a la libre locomoción y la movilidad de estudiantes y profesores, impidiendo el acceso a las aulas y prolongando las interrupciones del calendario escolar".
En cuanto a los ataques a docentes, el informe documentó 388 casos entre 2017 y 2025. “Desde la firma del Acuerdo de Paz, cada nueve días se ha registrado un ataque contra docentes en Colombia, lo que convierte esta labor en una de las profesiones de mayor riesgo en el país (…) Las principales formas de agresión fueron las amenazas de muerte (45%) y los homicidios selectivos (25%)", añadió.
El 79% de esos ataques se registró en zonas rurales toda vez que en ellas “los profesores no solo enseñan: son líderes comunitarios, mediadores sociales y, en muchos casos, la única presencia estatal visible. Por ello, los grupos armados los perciben como figuras de influencia y control sobre la comunidad".
Otro de los hallazgos del informe es que en Colombia los ataques a la educación superior son los más altos del mundo, razón por la cual la Unidad de Investigación y Acusación propuso priorizar a maestros, académicos y personal de apoyo educativo dentro de los programas de prevención, protección y reparación en clave de justicia restaurativa.
En palabras del director Álvarez Santoyo, “hay que reconocer sociojurídicamente a los docentes, y pensar en cómo reparar a los hijos de los maestros asesinados, o a los niños de primaria y secundaria que se desplazan forzadamente después de la destrucción de una escuela".
Y, como si lo anterior fuera poco, el informe presentado el viernes alertó sobre un fenómeno poco común en el país: “Varios grupos armados no estatales asumen funciones de provisión de bienes públicos, en particular en el ámbito educativo (…) Estas prácticas no se limitan a la infraestructura: también incluyen la imposición de contenidos pedagógicos y lineamientos curriculares con fines de adoctrinamiento".
Un ejemplo claro de este fenómeno es que, en marzo de 2022, integrantes del frente 33 de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias “John Mechas" y alias “Andrey Avendaño", inauguraron una escuela rural en la vereda Llanos de Bolívar (El Tarra, Norte de Santander) y entregaron kits escolares para ganar simpatías comunitarias.
Finalmente, el informe dijo que una de las consecuencias más graves de los ataques contra la educación es “la desescolarización forzada, que priva a los niños, niñas y adolescentes de su principal entorno protector y los expone a múltiples formas de riesgo.
“Cuando la escuela deja de funcionar —por destrucción de instalaciones, presencia de minas antipersonal o asesinato de un docente sin reemplazo posible—, los menores enfrentan dos rutas recurrentes de vulnerabilidad: el ingreso a grupos armados o criminales y la incorporación temprana al trabajo infantil, ambas asociadas con pérdida de derechos, precarización y daño psicológico severo".
