“Llegamos para trabajar con las víctimas y para quedarnos con ellas", dijo en Córdoba el Director de la Unidad de Investigación y Acusación
Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, saludó el lunes a las víctimas del conflicto armado de los municipios cordobeses de Tierralta y Valencia y dijo que la entidad a su cargo llegó para escucharlas y quedarse con ellas.
“Llegamos para trabajar con las víctimas del conflicto armado en Colombia y, por supuesto, para darles la verdad y la justicia que se merecen. Llegamos para escucharlas y para quedarnos a trabajar con ellas", aseguró el funcionario durante un sentido encuentro con 60 víctimas tierraltenses y valencianas que se hicieron presentes en la biblioteca municipal.
De acuerdo con Álvarez Santoyo, “hay varios departamentos que de alguna manera han sido el epicentro del conflicto en Colombia en lo que tiene que ver con su última fase: Antioquia, Córdoba y Santander".
Y a renglón seguido anotó: “Hoy estamos en Córdoba, que finalmente terminó siendo el epicentro de lo que fue la estructura más grande del paramilitarismo en Colombia. Aquí tuvieron su centro de operaciones los (hermanos Fidel, Carlos y Vicente) Castaño y fue la sede de la estructura de Salvatore Mancuso".
Más tarde, el fiscal jefe de la Jurisdicción Especial para la Paz recordó que Córdoba fue primero azotado por las guerrillas “y después los paramilitares entraron en escena y agravaron la situación de seguridad en el departamento. (Los paramilitares), antes que ser un medio de protección para la población cordobesa, se convirtieron en un medio más de victimización para los campesinos cordobeses".
De su paso por la Costa Caribe como servidor de la Fiscalía General de la Nación, entre 2011 y 2017, Álvarez Santoyo recordó dos aspectos clave de la violencia en casi todos los siete departamentos: la cantidad de homicidios y la estigmatización que padecieron los campesinos por los diferentes actores del conflicto armado.
“Eran campesinos inocentes que, en unos casos, fueron asesinados y en otros despojados de sus tierras", agregó el jefe de la Unidad de Investigación y Acusación quien hizo hincapié en algo fundamental: las víctimas más grandes del conflicto armado en Colombia han sido las mujeres.
“Pongamos un ejemplo –puntualizó–: (los grupos al margen de la ley) llegaban a un hogar, mataban al esposo. Si alguno de los hijos estaba de 12 años para arriba, muchas veces lo reclutaban. Violaban a la pobre señora, que se quedaba sola con sus hijos menores de edad y sin ningún sustento".
Entonces, concluyó Álvarez Santoyo, “esas mujeres se convertían en madres cabeza de hogar, les tocaba empezar a trabajar para ver cómo sostenían a sus hijos y vivían con el temor permanente de que cualquier día llegara un grupo al margen de la ley y las siguieran violando".
Rocío y doña Gertrudis
Rocío Pineda Arrieta tiene 36 años y una sonrisa a flor de piel. Habla con una fluidez impresionante. Ella se siente orgullosa –y hasta alza la voz con satisfacción– cuando cuenta que es la primera mujer que coordina la Mesa de Víctimas de Tierralta.
“Me siento orgullosa porque siempre fueron hombres (los que coordinaron la mesa de víctimas de Tierralta). Todo el mundo le apostaba a que los hombres eran los que sabían coordinar. Esta vez nos arriesgamos, ganamos la coordinación y aquí estamos representando a las víctimas, que son bastantes", indicó Pineda, quien en su casa fue la tercera de nueve hermanos: siete mujeres y dos hombres, y es madre de un niño de cinco años.
“He intentado estudiar muchas cosas. Yo estudié licenciatura en educación básica, con énfasis en humanidades e inglés. Yo soy de profesión maestra. No estoy ejerciendo. Me gané el concurso de posconflicto, pero no cogimos plaza. Tengo siete semestres de psicología, pero por cuestiones económicas no he podido terminar", explicó Pineda al Grupo de Relacionamiento y Comunicaciones de la Unidad de Investigación y Acusación.
La relación de Pineda con el conflicto armado se remonta a finales de la década de los 90. La historia de los tierraltenses y de los cordobeses en general prácticamente es calcada: primero fueron los guerrilleros y después los paramilitares los que sembraron el miedo y arrasaron con todo.
Pineda tenía unos 11 años cuando por el sector de la tierra donde vivía con su familia se presentó un enfrentamiento entre grupos armados ilegales. Uno de ellos les mandó decir a los Pineda que a su regreso no querían ver nadie en su finca.
“Nosotros salimos ese día, en medio de la balacera. Dormimos en el pueblo más cercano. Aunque estaba muy niña, salí con mis hermanitos menores en los hombros porque era una de las mayores. Mi mamá tenía a los otros chicos.
“Fue una historia bastante devastadora. Mi papá tenía 60 hectáreas de tierra. Teníamos animales. Teníamos casi una vida hecha allí. Y tuvimos que dejarlo todo. Vender mal todo (…) Nos cambió la vida totalmente. A raíz del estrés, mi mamá sufrió una enfermedad. Ella es diabética y tiene amputaciones", contó la activista, quien pese a tanta vicisitud no se deja vencer por nada.
Ciertamente, Pineda es de las personas que piensa que en el conflicto armado a mucha gente le fue igual o peor que a ella y a su familia.
Por eso, “estoy viva y luchando en favor de aquellas personas que necesitan alguna ayuda, que no pueden expresarse como lo hago yo, que no tienen el acceso que yo tengo a coordinar o a contactar a algunas personas. Yo soy una persona a la que la comunidad acude. Me preguntan qué hacer, dónde voy, sáqueme una cita. En todo eso me he convertido, a mucho honor".
Después de Pineda, la palabra la tomó la mayor del grupo de víctimas de Tierralta.
Doña Gertrudis María Pacheco Cabria tiene 77 años, “pero –según sus palabras– me muevo mejor que una paloma".
Por allá, en los años 60, junto con su esposo, Pacheco se fue para Puerto Leguízamo, en Putumayo, en busca de un mejor futuro.
“Nos fuimos a cortar madera para poder sobrevivir con los ocho niños. Ya teníamos el plante, como se dice. Teníamos un pedazo de tierra, teníamos casa, dos vacas, cuatro mulas y una motosierra. Y ya, cuando estábamos entablados, llegó la guerrilla y nos echó", relató doña Gertrudis, quien recuerda con claridad el alias del comandante guerrillero que los desplazó de Putumayo: “Bayardo".
De regreso a Córdoba, la familia de doña Gertrudis se instaló de nuevo en Tierralta. Terminaban los años 60. En una vereda llamada Palestina “empezamos a derribar montaña porque eso lo encontramos libre, sin dueño, y fuimos poseedores de una finca de 100 hectáreas de tierra".
Pero con los años, la violencia paramilitar se desató y doña Gertrudis y los suyos tuvieron que salir corriendo de su finca.
Es más, recalcó doña Gertrudis, “yo hablé con 'el Mono' Mancuso y le dije que iba a ir a la finca a buscar algo de lo que habíamos dejado porque no teníamos qué comer. Y dijo que él no respondía por nada, que si iba era por mi gusto. Entonces me pregunté: ¿quién se va a meter a la boca del lobo?".
En consecuencia, la finca de doña Gertrudis quedó abandonada. Una situación que, de acuerdo con su narración, fue aprovecha por una mujer para apoderarse de esa tierra y sembrarla con coca.
Desde entonces, sin suerte, doña Gertrudis ha tocado las puertas de varias entidades del Estado para tratar de que su finca le sea devuelta.
“La violencia nos dejó sin nada y ya tenemos una edad bastante madura", apuntó doña Gertrudis, quien para terminar expresó su satisfacción porque después de la jornada con víctimas de Tierralta entendió qué es la Jurisdicción Especial para la Paz.
“La JEP es la búsqueda de la paz", sentenció.
