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​​Primera sesión del juicio adversarial contra el coronel (r) Guzmán Ramírez: la historia del “grupo del terror"


Medellín, 23 de enero de 2026 (@UIA_JEP) Oficialmente se llamaba el “grupo especial", pero todo el mundo —en el interior del Batallón Contraguerilla 79 con sede en su momento en los municipios antioqueños de Dabeiba e Ituango— lo conocía como el “grupo de la muerte" o el “grupo del terror". Lo creó en 2004 el entonces mayor del Ejército Nacional David Herley Guzmán Ramírez y tenía como objetivo “dar de baja al enemigo" o a integrantes de las guerrillas.

 

Así lo revelaron esta semana en la capital antioqueña varios exmilitares que testificaron en el juicio adversarial que la Jurisdicción Especial para la Paz inició en contra de Guzmán Ramírez por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad.

 

En diciembre de 2024, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP acusó a Guzmán Ramírez porque presuntamente, en compañía de otros miembros de la fuerza pública y en asocio con organizaciones paramilitares del norte de Antioquia, participó en la comisión de homicidios —en 10 hechos— contra personas protegidas por el DIH, desapariciones forzadas y, en algunos casos, tratos crueles, humillantes y degradantes contra un sector de la población civil para obtener felicitaciones y demás incentivos previstos en las disposiciones administrativas internas del Ejército.

 

La mayoría de las víctimas mortales —presentadas falsamente como guerrilleros muertos en combate— fueron exhumadas de cementerios de Ituango y Dabeiba (como Las Mercedes). La gran mayoría de ellas ya fueron identificadas preliminarmente por expertos de la Unidad de Investigación y Acusación. 

 

Los hechos por los que se acusó a Guzmán Ramírez fueron perpetrados entre el 31 de agosto de 2004 y el 30 de noviembre de 2005 cuando el exoficial en mención estuvo al frente del Batallón Contraguerrilla 79. 

 

Durante cuatro días en Medellín, la fiscal ante Tribunal Sandra Patricia Ramírez Montes demostró con pruebas testimoniales por qué hace 15 meses acusó a Guzmán Ramírez.

 

Para ello, la funcionaria presentó en el juicio a una docena de testigos (militares y civiles) que dejaron claro que el Batallón Contraguerrilla 79 —a cargo del coronel Guzmán Ramírez— terminó convertido en un “grupo del terror" que, lejos de combatir a la delincuencia organizada, se cebó en la población civil.

 

Una de esas testigos fue Yudi Elena Piedrahíta Torres. Ella, para 2004, vivía en unión libre con el campesino y jornalero Rodrigo Humberto Torres Múnera. Tenían un niño y vivían en el corregimiento El Aro del municipio antioqueño de Ituango.

 

En un amanecer de noviembre de 2004, según contó en la audiencia celebrada en el Tribunal Superior de Medellín-Sede Judicial Poblado, un grupo de hombres armados llegó hasta su casa e irrumpió con violencia. 

 

La vivienda, literalmente, fue desbaratada por los uniformados. Por ejemplo, los colchones los abrieron y en la cocina no quedó un grano de arroz (la comida que no fueron capaces de consumir la empacaron y se la llevaron).  

 

Los hombres armados (integrantes del Batallón Contraguerrilla 79) golpearon sin piedad a Torres Múnera, mientras que a ella (con un cuchillo en el cuello y la cara alumbrada con una linterna) le exigieron todo el rato que entregara unas inexistentes armas. El motivo: los incómodos visitantes creían que Torres Múnera era guerrillero (así se los había asegurado falsamente un informante o guía del Ejército).

 

Deje de llorar o la matamos a usted también", le advirtieron los uniformados a Yudi Elena Piedrahíta. Ella de inmediato dejó de llorar. “Muchacha: a su marido nos lo vamos a llevar y usted nunca más lo va a volver a ver", le dijeron con rabia a la asustada mujer, que creía que los agresores eran paramilitares y quien actualmente le agradece al Cielo por no haber sido abusada sexualmente en aquel amanecer azaroso.

 

En efecto, nunca más Yudi Elena Piedrahíta volvió a saber de su hombre. Hace poco más de dos años, sin embargo, la Unidad de Investigación y Acusación la ubicó para informarle que el cuerpo sin vida de su compañero y padre de su hijo había sido hallado en el cementerio de Ituango.

 

En ese noviembre de 2004, pocos días después de la retención de Torres Múnera, Yudi Elena Piedrahíta, hoy de 38 años, tuvo una conversación complicada. Un guerrillero de Ituango le dijo: “Es mejor que se vaya. No nos conviene que usted esté aquí" porque —le argumentó— “creemos que Rodrigo se fue con los paramilitares".

 

Entonces Yudi Elena Piedrahíta salió corriendo de El Aro. Pero allí, con dolor, tuvo que dejar lo más preciado de su vida: su hijo. El muchacho estuvo ocho años con sus abuelos.

 

Lo que me duele es que él tiene sentimiento de abandono de papá y mamá. Él tiene hoy en día 22 años", comentó Yudi Elena Piedrahíta, en medio de lágrimas.

 

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La otra parte de la trágica historia de Rodrigo Humberto Torres y Yudi Elena Piedrahíta fue contada durante la primera sesión del juicio contra Guzmán Ramírez por exmilitares como Fidel Iván Ochoa, Anderson Aguinaga, Jorge Eliécer Barrientos y Ricardo Manuel Buelvas.

 

Así lo narraron:

 

Un informante o guía del Batallón Contraguerrilla 79, apodado “el Mocho" porque le faltaban uno o más dedos en una de sus manos, les dijo a los militares que en El Aro había un laboratorio de la guerrilla para el procesamiento de cocaína.

 

Entonces Guzmán Ramírez ordenó el operativo y que lo encabezara el suboficial Fidel Iván Ochoa. El objetivo era dar muerte a los guerrilleros que al parecer estaban en el laboratorio.

 

Toda vez que —según Barrientos— llegaron tarde al laboratorio, los presuntos rebeldes huyeron. Al final, dos hombres (que vivían en la zona) fueron retenidos por la tropa y llevados hasta el Alto del Oso. Eran Rodrigo Humberto Torres y Wilber Muñetón. Los dos fueron entregados allí a los paramilitares. 

 

Posteriormente, el entonces mayor David Herley Guzmán les llamó la atención a sus subalternos por haber hecho mal las cosas y, por radio, les dio la orden de regresar por uno de los hombres que habían quedado en poder de los paramilitares.

 

La orden se cumplió, según los militares. Rodrigo Humberto Torres les fue devuelto por los paramilitares con camuflado y llevado al puesto de mando adelantado. Allí, Guzmán Ramírez dio la orden de dispararle. Primero el soldado Buelvas le disparó, pero no lo mató. Entonces el soldado Aguinaga lo remató con su arma.

 

Acto seguido, Guzmán Ramírez le dio la orden a Barrientos de que le disparara al cuerpo de la víctima. El soldado, sin embargo, no fue capaz de cumplir la orden. 

 

Usted lo que tiene es miedo, usted lo que está es cagao (sic)", le dijo Guzmán a Barrientos.

 

La otra víctima de la retención ilegal, Wilber Muñetón, fue dejado libre por los paramilitares pocos días después. Más de 20 años después, todavía lo atormentan los fantasmas del secuestro.

 

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Cuando entregó su declaración en el juicio contra Guzmán Ramírez, el testigo Ricardo Manuel Buelvas reconoció su participación en un hecho sucedido el 15 de julio de 2005 en zona rural de Dabeiba. 

 

Se trató de un operativo planeado por Guzmán Ramírez y el sargento Fidel Iván Ochoa.

 

Varios ganaderos denunciaron ser víctimas de extorsiones, principalmente uno llamado Santiago Toro. Los integrantes de la Compañía Dinamarca fueron hasta el sector donde vivía con sus padres unos de los extorsionistas. 

 

Los militares llegaron a la casa y entraron violentamente, según la versión del testigo Buelvas, un exintegrante del Batallón Contraguerrilla 79.

 

El presunto extorsionista fue retenido durante varios días en una casa vacía de la vereda Los Naranjos. Al final, seguramente para tratar de salvar su vida, el hombre les dijo a los militares que les iba a entregar información sobre otro extorsionista.

 

El 13 de julio de ese mismo 2005, los militares y el joven informante —que para ese momento estaba retenido ilegalmente— partieron en busca del extorsionista. 

 

En efecto, el hombre fue ubicado por los uniformados y finalmente retenido. Más adelante encontraron una tercera persona: una jovencita que vestía sudadera.

 

Las personas fueron metidas como en un cafetal", detalló Buelvas, quien recordó que el sargento Ochoa puso al tanto al entonces mayor Guzmán Ramírez de lo que estaba sucediendo y también de los tres retenidos.

 

Varias horas después, Guzmán hizo presencia en el sitio donde estaban retenidas ilegalmente las tres personas. 

 

El 15 de julio, los uniformados llegaron a una finca y las tres personas fueron separadas. Guzmán dio la orden de que los dos hombres y la chica fueran asesinados.

 

La orden se cumplió. Se simuló también un combate. Los cadáveres fueron llevados a la cabecera de Dabeiba.

 

Como incentivo “nos dieron (varios) días de permiso", concluyó Buelvas.

 

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El domingo pasado, desde Puerto Nare, llegó a Medellín Amparo Cano Correa. Ella es la madre de Jhon Jarvi Cañas, un muchacho que presuntamente fue asesinado por el entonces mayor David Herley Guzmán.

 

Después de haber prestado el servicio militar obligatorio y procedente del corregimiento La Sierra, en el caluroso municipio antioqueño de Puerto Nare, Jhon Jarvi Cañas llegó el martes 30 de agosto de 2005 a la terminal de transporte del norte de la capital antioqueña. Allí fue abordado por los entonces militares Jaime Coral y Fidel Iván Ochoa. 

 

Vestidos de civil, los militares en mención le prometieron a Cañas una inexistente oportunidad de trabajo en Dabeiba. El hombre, entonces de 25 años, se fue con ellos. 

 

En la carretera entre Medellín y Dabeiba, un grupo de hombres armados interceptó a Cañas, a Coral y a Ochoa. Los tres fueron obligados a tirarse al suelo. Entonces —de acuerdo con la declaración que Coral y Ochoa entregaron a la JEP— apareció de repente el entonces mayor Guzmán Ramírez, quien habría disparado contra la humanidad de Cañas.

 

La justicia de Dios es muy linda y también estamos esperando la justicia terrenal, que (el asesino de su hijo) pague lo que tenga que pagar aquí y en la cárcel, como debe ser", le dijo el jueves pasado Amparo Cano al Grupo de Relacionamiento y Comunicaciones de la Unidad de Investigación y Acusación.

 

Sin embargo, Amparo Cano no alberga odio en su corazón. Tan es así que hace rato perdonó al exmilitar Jaime Coral (hoy son amigos y a veces se saludan por teléfono) y estaría dispuesta a hacer lo mismo con el asesino de su hijo, “pero siempre y cuando diga la verdad".

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