Iniciaron audiencias de observaciones de las víctimas sobre priorización de nuevos casos de la JEP
- Seis
magistrados de esta Jurisdicción estuvieron en Medellín escuchando a las
víctimas de las extintas Farc y de la Fuerza Pública.
- Participaron
más de 150 víctimas de varias regiones del país, virtual y presencialmente.
Medellín,
22 de febrero de 2022. La JEP está escuchando a las
víctimas. Este lunes se realizó en Medellín la primera audiencia de
observaciones de víctimas a los nuevos macrocasos que abriría la Sala de
Reconocimiento.
En la jornada de
la mañana seis magistrados de la JEP presentaron a un grupo de más de 150
víctimas de las extintas Farc y de la fuerza pública en qué consistirían los
nuevos macrocasos que se abrirían y los diversos mecanismos que tiene esta
Jurisdicción para que participen en ellos. Se trató de los magistrados Roberto
Vidal y Pedro Mahecha, de la Comisión de Participación; y de las magistradas
Catalina Díaz, Nadiezhda Henríquez, Marcela Giraldo y Xiomara Balanta, de la
Sala de Reconocimiento.
En la tarde, los asistentes se
dividieron en tres salas, una por cada una de los macrocasos que abriría la
JEP:
- Concentración
de crímenes cometidos contra pueblos y territorios étnicos
- Concentración
nacional de crímenes cometidos por las extintas Farc-EP
- Concentración
de crímenes de la fuerza pública, o en vínculo con otros agentes del Estado
Ver más: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-reitera-su-decisi%C3%B3n-indeclinable-de-abrir-tres-nuevos-casos.aspx
En la sala de la
concentración de crímenes cometidos contra pueblos y territorios étnicos, por
ejemplo, las víctimas de Chocó manifestaron su preocupación por el hecho de que
en los nuevos casos no se contemple este departamento. Frente a esto, la
magistrada Nadiezhda Henríquez, manifestó que Chocó ya tiene un foco en el Caso
04 de la JEP, que investiga la situación territorial de Urabá, Bajo Atrato y
Darién. “La versiones que están dando los comparecientes en este macrocaso nos
están dando luces de qué tanto debemos ampliar el territorio investigado, para
poder dar cuenta del alcance de las estructuras armadas que operaron allí”.
Por
otro lado, en la Sala de la concentración nacional de crímenes cometidos por
las extintas Farc-EP participaron algunas víctimas desde el extranjero quienes
solicitaron que se investigue dentro de este caso el asesinato de líderes
sociales, el desplazamiento intraurbano, los que se dieron en colaboración con
otros grupos armados, y el exilio. Asimismo, las víctimas hicieron un llamado a
fortalecer los mecanismos de protección a las víctimas que participan en los
macrocasos.
Frente
a estas observaciones, la magistrada Marcela Giraldo manifestó que las tendrán
muy en cuenta en la apertura final de los nuevos casos y motivó a los asistentes
a seguir participando en la JEP mediante la presentación de informes, que
pueden ser entregados hasta el próximo 21 de marzo.
En
la Sala de la concentración de crímenes de la fuerza pública, o en vínculo con
otros agentes del Estado, Adriana Pérez, representante de la Mesa Departamental de Víctimas de Desaparición Forzada,
resaltó su preocupación ante la decisión de no priorizar un macrocaso
exclusivamente encargado de investigar la desaparición forzada, esto teniendo
en cuenta las altas cifras de victimización que el departamento de Antioquia ha
padecido en periodos de tiempo específicos, “de esta manera se diluye la responsabilidad
del Estado, lo cual repercute negativamente en la aplicación del concepto de
personas dadas por desaparecidas, establecido en el decreto 539 del 2017”,
dijo.
Ante
esta inquietud, la magistrada Catalina Díaz fue enfática en reiterar que “la
Jurisdicción Especial para la Paz y la Sala de Reconocimiento tienen una
decisión indeclinable, una decisión tomada, que viene además de un muy serio
compromiso con nuestro mandato, de investigar, juzgar y sancionar, si a ello
hubiere lugar, a los agentes del Estado”. Es decir, que la metodología en la
nueva priorización de casos no debe entenderse como una posibilidad para diluir
la responsabilidad de ciertos actores durante el conflicto armado, sino que
precisamente la investigación por separado de los patrones criminales de los
diversos actores ayudará a entender mejor las circunstancias y las decisiones
que llevaron a la ejecución de esos crímenes.
Sobre
estos patrones de macrocriminalidad, como el caso de la violencia sexual y de
género, Laura Moreno, representante de la Corporación Colectiva Justicia Mujer,
manifestó que en el acompañamiento jurídico que hacen a las mujeres víctimas de
este flagelo lo hacen enfocadas en la victimización ejercida y no en el tipo de
actor armado presuntamente responsable. Ante esa postura, manifestó su
preocupación de que esta metodología se traduzca en un fraccionamiento de la
violencia sexual, que la Corporación identifica como un mismo fenómeno a nivel
nacional.
En respuesta
a esta inquietud, la magistrada Díaz explicó que sobre el crimen de violencia
sexual y de género la JEP ya adoptó una definición de patrón, que se establece
como “conductas criminales que se repiten en un territorio determinado, en un
tiempo determinado, por un mismo autor (no la misma persona sino la misma
estructura), contra un perfil similar de víctimas y para un propósito común”.
Con base en esta definición, la magistratura ha podido identificar que existen
diferentes patrones de criminalidad presentes en los hechos de violencia
sexual, y que esos patrones varían dependiendo del actor armado que los comete;
por ello resulta importante diferenciarlos, pues muchos de estos crímenes se
cometieron con fines y propósitos distintos.
La
magistrada también reiteró que la JEP tiene como mandato imputar responsabilidad
penal individual; es decir, busca establecer quién es el autor del crimen.
Ahora bien, como en el caso del conflicto armado en Colombia la Jurisdicción ha
obtenido mención de más de cinco mil presuntos responsables, se busca entonces
establecer quiénes habrían sido los máximos responsables en un hecho, lo que no
implica una correlación con el nivel de rango de mando; por ejemplo, un máximo
responsable podría ser desde un soldado hasta un comandante, dependiendo de su
participación y determinación en el crimen. Sobre esta responsabilidad
individual, la magistrada Nadiezhda Henríquez añadió que la manera de probar un
patrón es saber qué pasó en cada hecho, y esa investigación responde a un
ejercicio continuo de contrastación, pero la responsabilidad de decir qué pasó
reposa en los comparecientes.
Al
finalizar esta, que es la primera de siete audiencias que se realizarán de aquí
hasta el 10 de marzo, la magistrada Díaz expresó su agradecimiento a las
organizaciones de víctimas que participaron, “especialmente por todos los
comentarios, las observaciones, las reacciones, las propuestas, las críticas
constructivas que hoy han hecho. Creo que ha sido una conversación sumamente
interesante, rica y nutrida para nosotros”.
Las
demás audiencias tendrán lugar en San José del Guaviare, Valledupar, Cali,
Villavicencio y Bogotá (donde se llevarán a cabo dos audiencias).
